Con relación a la encuesta realizada en el presente blog, respecto a si México, se puede considerar un país de leyes, es necesario realizar una pequeña reflexión.
México, como un Estado, tiene de acuerdo a la Teoría clásica del Estado, un elemento que le permite constituirse como tal, a saber, la normatividad, aunado al hecho de que conforme a las definiciones tanto de Constitución y Derecho Constitucional, resulta necesario para la existencia de un Estado, una norma jurídica que le de origen y forma, y de la cual además se van a desprender los fundamentos y principios de los demás ordenamientos que van a regular a dicho grupo social.
En ese sentido no podríamos encontrar un Estado sin leyes o más bien sin normas jurídicas. Pero uno de los problemas actuales más importantes que se viven en el país, no tiene que ver solamente con la existencia de leyes o no, sino con la eficacia de las mismas.
La eficacia normativa, implica que las normas de verdad sean un medio para regular la conducta de los hombres en sociedad, y que permitan la convivencia pacífica entre los integrantes del grupo social que decidió formar un Estado; en razón de que las mismas surgen de común acuerdo o por medio de sus legítimos representantes, lo cual implica que hay una aceptación previa de que se establecieran reglas para su convivencia, las cuales le reconocerán derechos, pero también le impondrán obligaciones.
Pero para poder comprobar o por lo menos señalar si una norma es eficaz o no, requerimos que la misma se aplique, en otras palabras, que sea observada y sobre todo cumplida por los ciudadanos; y es en este punto en donde radica el verdadero problema.
Si bien es cierto México, es un país de leyes, lo cual se ha criticado, ya que un sistema jurídico tan complicado impide al ciudadano tener el conocimiento de todas y cada una de dichas disposiciones, muchas de las cuales además, son continuamente modificadas; ello no implica que sea un país de legalidad.
La cultura de la legalidad, se debe entender de una forma por demás sencilla, como el cumplimiento que un grupo social, le da a las normas jurídicas que el Estado ha emitido, en ejercicio de su poder soberano, para la regulación de la conducta social.
En ese sentido no podemos olvidar que una parte fundamental de las normas jurídicas es la regulación de la conducta externa del hombre, a efecto de lograr una convivencia pacífica, así como en su caso el bien común.
Así las cosas, no podemos considerar que puede haber una convivencia pacífica cuando las personas no dan cumplimiento a las disposiciones que regulan su conducta, y las cuales muchas veces son el resultado de sus propias costumbres.
Pero además del continuo incumplimiento de las normas, que puede darse por desconocimiento, lo cierto es que cuando dicha inobservancia se debe a la negativa de acatar un mandato, el problema de la cultura de la legalidad cobra mayor importancia, ya que refleja la incapacidad del Estado para lograr su objetivo, así como la legitimidad del mismo, perdiendo fuerza y respeto por parte de sus gobernados, situación que a la larga puede derivar en una completa impunidad, así como en un resquebrajamiento no solamente de la estructura Estatal y la consiguiente perdida de autoridad, sino en la desintegración del grupo social.
Por lo anterior, es importante, promover el conocimiento de las leyes en los ciudadanos, en particular de sus obligaciones, por lo menos en el ámbito de sus actividades cotidianas, a efecto de que conozca cuales son las responsabilidades en que puede incurrir.
En consecuencia, debe de promoverse no solamente el conocimiento de la norma jurídica, sino lo más importante, su cumplimiento, a efecto de que el Derecho cumpla con su finalidad que es la de ser el medio de control social, sin que ello implique para nada represión o dictadura, sino solamente encaminar las conductas humanas a una convivencia pacífica, pero que garantice el respecto de los derechos humanos, sólo así estaremos en presencia de una verdadera sociedad democrática, pero sobre todo ante el Moderno Estado de Derecho.
México, como un Estado, tiene de acuerdo a la Teoría clásica del Estado, un elemento que le permite constituirse como tal, a saber, la normatividad, aunado al hecho de que conforme a las definiciones tanto de Constitución y Derecho Constitucional, resulta necesario para la existencia de un Estado, una norma jurídica que le de origen y forma, y de la cual además se van a desprender los fundamentos y principios de los demás ordenamientos que van a regular a dicho grupo social.
En ese sentido no podríamos encontrar un Estado sin leyes o más bien sin normas jurídicas. Pero uno de los problemas actuales más importantes que se viven en el país, no tiene que ver solamente con la existencia de leyes o no, sino con la eficacia de las mismas.
La eficacia normativa, implica que las normas de verdad sean un medio para regular la conducta de los hombres en sociedad, y que permitan la convivencia pacífica entre los integrantes del grupo social que decidió formar un Estado; en razón de que las mismas surgen de común acuerdo o por medio de sus legítimos representantes, lo cual implica que hay una aceptación previa de que se establecieran reglas para su convivencia, las cuales le reconocerán derechos, pero también le impondrán obligaciones.
Pero para poder comprobar o por lo menos señalar si una norma es eficaz o no, requerimos que la misma se aplique, en otras palabras, que sea observada y sobre todo cumplida por los ciudadanos; y es en este punto en donde radica el verdadero problema.
Si bien es cierto México, es un país de leyes, lo cual se ha criticado, ya que un sistema jurídico tan complicado impide al ciudadano tener el conocimiento de todas y cada una de dichas disposiciones, muchas de las cuales además, son continuamente modificadas; ello no implica que sea un país de legalidad.
La cultura de la legalidad, se debe entender de una forma por demás sencilla, como el cumplimiento que un grupo social, le da a las normas jurídicas que el Estado ha emitido, en ejercicio de su poder soberano, para la regulación de la conducta social.
En ese sentido no podemos olvidar que una parte fundamental de las normas jurídicas es la regulación de la conducta externa del hombre, a efecto de lograr una convivencia pacífica, así como en su caso el bien común.
Así las cosas, no podemos considerar que puede haber una convivencia pacífica cuando las personas no dan cumplimiento a las disposiciones que regulan su conducta, y las cuales muchas veces son el resultado de sus propias costumbres.
Pero además del continuo incumplimiento de las normas, que puede darse por desconocimiento, lo cierto es que cuando dicha inobservancia se debe a la negativa de acatar un mandato, el problema de la cultura de la legalidad cobra mayor importancia, ya que refleja la incapacidad del Estado para lograr su objetivo, así como la legitimidad del mismo, perdiendo fuerza y respeto por parte de sus gobernados, situación que a la larga puede derivar en una completa impunidad, así como en un resquebrajamiento no solamente de la estructura Estatal y la consiguiente perdida de autoridad, sino en la desintegración del grupo social.
Por lo anterior, es importante, promover el conocimiento de las leyes en los ciudadanos, en particular de sus obligaciones, por lo menos en el ámbito de sus actividades cotidianas, a efecto de que conozca cuales son las responsabilidades en que puede incurrir.
En consecuencia, debe de promoverse no solamente el conocimiento de la norma jurídica, sino lo más importante, su cumplimiento, a efecto de que el Derecho cumpla con su finalidad que es la de ser el medio de control social, sin que ello implique para nada represión o dictadura, sino solamente encaminar las conductas humanas a una convivencia pacífica, pero que garantice el respecto de los derechos humanos, sólo así estaremos en presencia de una verdadera sociedad democrática, pero sobre todo ante el Moderno Estado de Derecho.
NOTA: Para ampliar la información acerca del tema se recomienda la lectura de LAVEAGA, Gerardo. La Cultura de la Legalidad. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 1999.
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