domingo, 28 de marzo de 2010

Seguridad Pública

En este momento uno de los porblemas más graves que enfrenta el Estado Mexicano y sobre todo la sociedad, es el relacionado a la inseguridad pública, pero sobre todo la que proviene del crimen organizado, ya sea narcotráfico, ejecuciones, secuestros o extorsiones telefónicas.
Desafortunadamente consideramos que la política que se sigue no es la más adecuada, independientemente de que también estimamos que gran parte de ese problema es la corrupción de los cuerpos políciacos, pero eso no implica que permitamos y que estemos de acuerdo con los abusos y excesos en que incurre el ejército, sobre todo cuando su actuación es ilegal y actúa al margen de la ley, detenciones arbitrarias, desaparaciones, irrupción en domicilios particulares sin contar con ordenes de cateo, además de la flagrante violación a la Constitución, ya que para que el ejercito pudiera actuar se requeriría, a criterio de los autores del presente, acreditar su salida de los cuarteles en los términos que establece la propia Constitución y quiza hasta hacer una declaratoria acerca de las garantías individuales en términos del artículo 29.
Pero independientemente de las consideraciones jurídicas que se pudieran hacer respecto a la intervención de las fuerzas armadas, ya que ahora también la Armada de México, se ha sumado al combate, con hasta el momento "grandes" resultados, lo cierto es que el problema de la inseguridad debe ser analizado desde todas sus perpectivas.
Quizá el aspecto más importante que deba de tomarse en consideración con relación a la inseguridad es el económico, la gente se relaciona cada vez con esas actividades a una edad más temprana, y ello se debe en gran medida a la falta de oportunidades, ante la imposibilidad de obtener un trabajo bien remunerado y sobre todo lícito, así como a oportunidades de crecimiento educativo y/o económico, de poder obtener los bienes necesarios para su subsistencia y sobre todo un nivel de vida digno, una verdadera "calidad de vida", y no se trata de andar en autos de super lujo o tener una mansión con alberca, sino, simplemente de tener casa, servicios educativos y de salubridad de calidad.
Pero además de la situación económica relacionada con la falta de empleos, otro aspecto que también influye en el desmedido crecimiento de la delincuencia, se ha dado de una manera excesiva la impunidad, la cual podemos considerar es prima hermana de la corrupción.
La impunidad tiene que ver con la falta de una cultura de la legalidad, con la falta de una conciencia ciudadana, de la falta de apreciación de los valores civicos, así como el respeto a los derechos de los demás; en tanto que la corrupción es más bien una forma de actuar al margen de la ley, que parte de aspectos básicos y sencillos pero que ante la falta de sanción va en aumento en perjuicio de la sociedad.
Al respecto es impo0rtante destacar la nueva estructura familiar aceptada en nuestra sociedad, de la falta de valores al interior de la integración familiar, y no se trata de una cuestión relacionada con el derecho de los homosexuales a adoptar o no, es un problema más complejo, que deriva en la falta de una estructura, que ayude a complementar la formación escolar, y no solo de ayuda, ya que la responsabilidad de la educación debe recaer en un principio en la estructura familiar, en donde se deben concluir y "pulir" las enseñanzas academicas de la niñez y juventud mexicana.
Aquí también cabe mencionar el papel de los medios de comunicación, y no se trata de imponer una ley mordaza, de impedir la libertad de expresión ni mucho menos, pero si de ser responsable de los contenidos de la información, pero sobre todo de la forma en que la presentamos, ya que hoy día parece muy normal y hasta cotidiano ver cuerpos desmembrados en las noticias, como si la nota roja fuera la realidad del país, cuando no es lo único que se vive.
Si bien el problema es complejo, algo debemos hacer, puede no ser correcto, pero estimamos que es necesario trabajar con el presdidente, y no es tampoco un llamado a forma parte de ningún partido político, sino de aceptar las decisiones y apoyar, quizá el tener a las fuerzas armadas en las calles no sea lo mejor, pero hasta en tanto no mejoremos los servicios de seguridad pública, es un sacraficio "aceptable", debemos preocuparnos por los jovenes y los niños del país, por saber que hacen, en donde estan y con quién; se trata de aceptar y reconocer parte de nuestra culpa y empezar a cumplir las leyes, desde las más sencillas, en su caso de exigir que el Estado cumpla y aplique la ley, aún en contra de nuestros intereses particulares.
El futuro del país, no es de ninguna partido o de algún político, somos todos unidos y trabajando por sacar a este país adelante.

viernes, 5 de marzo de 2010

Jurisdicción y Democracia

En el estudio del Derecho y en particular dentro de la Filosofía del Derecho, existen infidad de temas de vital importancia para entender la razón de ser de muchas de nuestras instituciones, desafortunadamente en muchas ocasiones dichos temas no son abordados, por que se llegan a considerar discusiones sin sentido, pero que son la puerta para entender y explicar mejor el funcionamiento y la existencia de dichas instituciones.
Dentro del Estado Moderno de Derecho, uno de los áspectos más importantes es el reconocimiento y la protección de los Derechos Humanos, es más, se convierten en la razón de la existencia del Estado, como el medio a través del cual se podrá asegurar, pero sobre todo, hacer completamente obligatorio su respeto por parte de cualquier individuo.
Para proteger los derechos de los hombres, el medio más importante es la jurisdicción, o mejor dicho la existencia de tribunales que resuelvan las controversias entre los particulares, así como entre particulares y los organismos del Estado.
A pesar de la importancia de los Tribunales, como el medio de resolución de conflictos una de las criticas que más sufren, es en atención al origen que tienen, ya que otra de las características del Estado Moderno de Derecho es la democracia, lo cual implica la participación de la sociedad en la determinación de su forma de gobierno, mediante la elección y renovación de sus autoridades, sobre todo en los Estados Repúblicanos.
En el caso particular del Poder Judicial, sus titulares, es decir, los jueces no son elegidos mediante el voto de los ciudadanos, es decir, no tienen un origen democratico, al menos en un primer acercameinto, ya que al ser designados por los representantes, en quienes delegamos el ejercicio de la soberanía, se trata de representantes indirectos del pueblo, elegidos no de forma directa pero si con la participación de la ciudadanía.
Pero lo anterior tiene una razón de peso, ya que si bien es cierto, en el caso particular de México, los integrantes del Máximo Tribunal, es decir, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son elegidos de forma conjunta por el Ejecutivo (a través de su terna) y del Legislativo (mediante la votación de la Cámara de Senadores), lo cierto es que gozán de autonomía en sus determinaciones, es decir, no estan sujetos a ningun mandato o relación para con cualquiera de esos dos poderes, lo cual tiene como finalidad asegurar su imparcialidad, ya que juzgaran actos de autoridad, ya sean legislativos y ejecutivos, por lo cual deben de ser autonomos e independientes además de imparciales, máxime si tomamos en consideración la idea de juicio o de proceso que establece el celebre procesalista Italiano Francesco Carnelutti, respecto a que las controversias deben ser resueltas por un imparcial, que no tenga un nexo o relación con ninguna de las partes en conflicto, además de que sus resoluciones deberan de basarse en la ley o mejor aún en la justicia, tal y como alguna vez lo establecio Eduardo Couture en su famoso Decalógo.
Así toda vez que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como límite a la libertad que ninguna persona podrá hacerse justicia por su propia mano, si no que reconoce y acepta la intervención del Estado, mediante la participación de un juez para resolver sus controversias, implica que aceptamos y reconocemos que sean imparciales, de ahí que la designación de los jueces debe ser autónoma a los ciudadanos, ya que en caso contrario, se podrían considerar obligados para con quienes los elegieron como sería el caso de los otros dos poderes estatales, en caso de votantes, poniendo sus fallos y determinaciones en duda y en riesgo su imparcialidad y por ende la legalidad de sus determinaciones.