miércoles, 22 de abril de 2009

¿Y al final, a quién le beneficia?

Hace uno días en un hecho “histórico” los Diputados del Congreso de la Unión rechazaron la cuenta pública correspondiente a los años 2002 y 2003, relativas al Gobierno de Vicente Fox.

Si bien se trata de una decisión de carácter “histórico”, por ser la primera vez que una cuenta pública se rechaza en los términos en que fue presentada, lo cual denota por supuesto una serie de irregularidades en el manejo de los recursos públicos, ello, en este momento no implica ninguna consecuencia jurídica, y por ende ningún beneficio para la ciudadanía.

En ese sentido, basta recordar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 74 fracción V, establece que es facultad de los Diputados, revisar y aprobar la Cuenta Pública, lo cual deberá realizarse de manera anual. Siendo importante resaltar que mediante el artículo Cuarto Transitorio del Decreto de fecha siete de mayo de dos mil ocho, se determinó que las cuentas publicas correspondientes a los años 2002 y 2003, podrían ser revisadas sin apegarse al principio de anualidad, pero dentro de un término de 180 días naturales, es decir, a mas tardar el tres de noviembre de 2008.

Al respecto, es de señalarse que la revisión de la cuenta pública por parte de la Cámara de Diputados tiene como finalidad, en su caso, proceder a determinar las responsabilidades en que hubieran incurrido los servidores públicos en el manejo de los recursos, lo cual en el caso concreto es en este momento totalmente intrascendente, ya que si bien la determinación de la Cámara de Diputados en importante en ese sentido, lo cierto es que actualmente ya no tiene ninguna consecuencia.

En primer termino, debido a que el artículo 108 Constitucional, establece lo que se conoce como la “irresponsabilidad del Presidente”, quien solamente será responsable durante el tiempo de su encargo, por lo cual, aún en el supuesto de que hubiera irregularidades en la cuenta pública del año 2002 y 2003, como en el sexenio de Vicente Fox Quezada ya concluyó, en este momento ya no puede fincársele responsabilidad de ningún tipo.

Aunado a que si bien las irregularidades contables detectadas y que dieron lugar a que fuera rechazada la cuenta pública, pudieran ser imputables a otros servidores públicos, desde el punto de vista administrativo, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, establece que el término de prescripción mayor será de 5 años, los cuales en ambos casos ya transcurrieron, por lo cual las facultades sancionadoras de la Secretaría de la Función Pública han prescrito.

Si bien es cierto pudiera todavía fincarse alguna responsabilidad penal, lo cierto es que fuera del calificativo a Fox de corrupto, y quizá de las repercusiones electorales en contra del PAN, que pudieran generarse en la sociedad, en nada la beneficia una determinación como la que se tomó por la Cámara de Diputados, ya que para variar, se actuó fuera de tiempo y las facultades de la autoridad han prescrito, o peor aún, se dejaron prescribir, beneficiando con ello a políticos y funcionarios públicos que, derivado del resultado de la revisión de las cuentas públicas de referencia, presumiblemente incurrieron en irregularidades durante su encargo, generando con ello impunidad y sobre todo perjuicios a la sociedad por el manejo inadecuado de los recursos públicos en términos de lo dispuesto por el artículo 134 Constitucional.

Una última reflexión, sería respecto al papel que en dichas revisiones extemporáneas han tenido los coordinadores de bancada, ya que de resultar cierto que impidieron la realización de las revisiones oportunas de dichas cuentas públicas, debería de promoverse en su contra el figura del juicio político, así como la determinación de las responsabilidades que resulten aplicables; ello con la finalidad de que este asunto no solamente tenga repercusiones electorales, que a la larga en nada van a beneficiar a la sociedad mexicana.

lunes, 20 de abril de 2009

Acerca de la Polìtica Mexicana y la Justicia

Se puede definir a la Política como “conjunto de actividades con que se gobierna un estado y de los procedimientos gubernativos con que se tiene a alcanzar unos determinados fines”[1].

En tanto que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, establece que la Política es “lo relativo al Estado”.

De las definiciones anteriores, mismas que podrían ser criticadas de simplistas, se desprende que la Política se refiere básicamente al estudio del Estado, incluso las raíces etimológicas de la palabra son polis, que significa “ciudad, Estado” y la terminación ica-ico, “lo relativo a”.

En ese sentido podemos compartir la idea de que el objeto de estudio de la política son “los principios o fenómenos dentro de los cuales se desarrolla la vida del estado, su nacimiento, sus tareas.[2]”.

Lo anterior cobra importancia si recordamos que la finalidad del Estado, es lograr la satisfacción de las necesidades de los integrantes del grupo social, así como el respeto de sus derechos y libertades, lo que dará lugar al Bien Público Temporal.

Así, la política se refiere a las medidas que deberá de establecer el Estado para cumplir su fin, pero también serán las acciones que se realizan con la finalidad de alcanzar y ejercer el poder, ya sea dentro de la estructura estatal o la forma que se influye en la toma de decisiones del Estado.

Actualmente, la política en México ha dejado de ser de carácter social, es decir, a criterio de quienes esto escriben, las decisiones que se toman en el poder han dejado de estar orientadas a obtener un beneficio para el pueblo, por lo cual la idea de un gobierno democrático, al menos en los términos que en su momento planteo el Presidente de los Estados Unidos de América, Abraham Lincoln como el “gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo”, cada día nos es más lejana y difícil de conceptualizar, así como de encontrarla materializada; máxime si cada día observamos que en el Congreso de la Unión y en los Congresos Locales, las decisiones se toman más de acuerdo a intereses de los partidos políticos y de grupos en el poder, que en beneficio de la sociedad o del llamado “interés común”.

Al respecto es de señalarse que hace algunos días, fue aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio, quien fuera candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República, para el período 1994-2000 y perdiera la vida tras haber pronunciado un discurso sobre como pudo haber sido su política de gobierno.

Cabe hacer la aclaración de que los autores de este artículo no tienen un favoritismo o vínculo partidista, pero cabe hacer la observación de que dada la circunstancia política de México en esos años y por tratarse un político priísta, quizá en nada hubieran cambiado las cosas de haberse mantenido con vida el candidato de quien hablamos; pero lo cierto es que en el discurso pronunciado a inicios del mes de marzo de ese año, de 1994, en la ceremonia del Aniversario del Partido Revolucionario Institucional, Luis Donaldo Colosio manifestó, al menos en el discurso, lo que podría haber sido su política de gobierno, la cual si es analizada de forma fría, tiene tintes muy importantes de una verdadera política social y democrática.

Ese discurso, que en su momento fue considerado un rompimiento con el viejo PRI, a la letra señalaba:

“Compañeras y compañeros de partido;
Compatriotas:
Aquí está el PRI con su fuerza. Aquí está el PRI con sus organizaciones; está con su militancia, está con la sensibilidad de sus mujeres y de sus hombres. Aquí está el PRI con su recia vocación política. Aquí está el PRI para alentar la participación ciudadana.
Aquí está el PRI para mantener la paz y la estabilidad del país, para preservar la unidad entre los mexicanos. Aquí está el PRI en pie de lucha. Aquí está el PRI celebrando un año más de intensa actividad política.
Aquí está el PRI que reconoce los logros, pero también el que sabe de las insuficiencias, el que sabe de los problemas pendientes.
Aquí está el PRI que reconoce que la modernización económica sólo cobra verdadero sentido, cuando se traduce en mayor bienestar para las familias mexicanas y que para que sea perdurable debe acompañarse con el fortalecimiento de nuestra democracia. Esta es la exigencia que enfrentamos y a ella responderemos con firmeza.
El PRI reconoce su responsabilidad y ésta es de la mayor importancia para el avance político de México. Los priístas sabemos que ser herederos de la Revolución Mexicana es un gran orgullo, pero ello no garantiza nuestra legitimidad política. La legitimidad debemos ganarla día con día, con nuestras propuestas, con nuestras acciones, con nuestros argumentos.
Como Partido, tuvimos un nacimiento que a todos nos enorgullece: el PRI evitó que México cayese en el círculo vicioso de tantos países hermanos de Latinoamérica, que perdieron décadas entre la anarquía y la dictadura.
La estabilidad, la paz interna, el crecimiento económico y la movilidad social, son bienes que hubieran sido inimaginables sin el PRI.
Pero nuestra herencia debe ser fuente de exigencia, no de complacencia ni de inmovilismo. Sólo los partidos autoritarios pretenden fundar su legitimidad en su herencia. Los partidos democráticos la ganamos diariamente.
Amigas y amigos del partido:
Surgimos de una Revolución que hoy sigue ofreciendo caminos para las reivindicaciones populares. A sus principios de democracia, de libertad y de justicia es a los que nos debemos.
Los ideales de la Revolución Mexicana inspiran las tareas de hoy. La Revolución Mexicana, humanista y social, nos exige y nos reclama. La Revolución Mexicana es todavía hoy nuestro mejor horizonte.
Encabezaremos una nueva etapa en la transformación política de México. Sabemos que en este proceso, sólo la sociedad mexicana tiene asegurado un lugar. Los partidos políticos tenemos que acreditar nuestra visión.
En esta hora, la fuerza del PRI surge de nuestra capacidad para el cambio, de nuestra capacidad para el cambio con responsabilidad. Así lo exige la Nación.
Nuestra visión y nuestra vinculación histórica con el gobierno nos aseguró la oportunidad de participar en los grandes cambios del país. La fuerza del gobierno fue en buena medida la fuerza de nuestro Partido. Pero hoy el momento es otro: sólo nuestra capacidad, nuestra propia iniciativa, nuestra presencia en la sociedad mexicana y nuestro trabajo, es lo que nos dará fortaleza.
Nadie podrá sustituir nuestro esfuerzo. Nadie podrá asegurarnos un papel en la transformación de México si nosotros no luchamos por él, si nosotros no lo ganamos ante los ciudadanos.
Quedó atrás la etapa en que la lucha política se daba, esencialmente, hacia el interior de nuestra organización y no con otros partidos. Ya pasaron esos tiempos.
Hoy vivimos en la competencia y a la competencia tenemos que acudir; para hacerlo se dejan atrás viejas prácticas: las de un PRI que sólo dialogaba consigo mismo y con el gobierno, las de un partido que no tenía que realizar grandes esfuerzos para ganar.
Como un partido en competencia, el PRI hoy no tiene triunfos asegurados, tiene que luchar por ellos y tiene que asumir que en la democracia sólo la victoria nos dará la estatura a nuestra presencia política.
Cuando el gobierno ha pretendido concentrar la iniciativa política ha debilitado al PRI. Por eso hoy, ante la contienda política, ante la contienda electoral, el PRI, del gobierno, sólo demanda imparcialidad y firmeza en la aplicación de la ley. ¡No queremos ni concesiones al margen de los votos ni votos al margen de la ley!
No pretendamos sustituir las responsabilidades del gobierno, pero tampoco pretendamos que el gobierno desempeñe las funciones que sólo a nosotros, como partido, nos corresponde desempeñar.
Hoy estamos ante una auténtica competencia. El gobierno no nos dará el triunfo: el triunfo vendrá de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, de nuestra dedicación.
Los tiempos de la competencia política en nuestro país han acabado con toda presunción de la existencia de un partido de Estado. Los tiempos de la competencia política son la gran oportunidad que tenemos como partido para convertir nuestra gran fuerza en independencia con respecto del gobierno.
Hoy somos la opción que ofrece el cambio con responsabilidad. Somos la opción que mejor conoce lo que se ha hecho. Que sabe de los resultados de sus programas, de sus aciertos y de sus errores.
Somos la opción capaz de conservar lo que ha tenido éxito y somos la opción de encontrar nuevos caminos de solución para los problemas pendientes.
No entendemos el cambio como un rechazo indiscriminado a lo que otros hicieron. Lo entendemos como la capacidad para aprender, para innovar, para superar las deficiencias y los obstáculos.
¡Cambiemos, sí! ¡Cambiemos! ¡Pero hagámoslo con responsabilidad, consolidando los avances reales que se han alcanzado, y por supuesto, manteniendo lo propio: nuestros valores y nuestra cultura!
¡México no quiere aventuras políticas!. ¡México no quiere saltos al vacío!. ¡México no quiere retrocesos a esquemas que ya estuvieron en el poder y probaron ser ineficaces!. ¡México quiere democracia pero rechaza su perversión: la demagogia!
Ofrecemos cambio con rumbo y responsabilidad, con paz, con tranquilidad. Se equivocan quienes piensan que la transformación democrática de México exige la desaparición del PRI.
No hemos estado exentos de errores, pero difícilmente podríamos explicar el México contemporáneo sin la contribución de nuestro partido. Por eso, pese a nuestros detractores y a la crítica de nuestros opositores, somos orgullosamente priístas.
Debemos admitir que hoy necesitamos transformar la política para cumplirle a los mexicanos.
Proponemos la reforma del poder para que exista una nueva relación entre el ciudadano y el Estado. Hoy, ante el priísmo de México, ante los mexicanos, expreso mi compromiso de reformar el poder para democratizarlo y para acabar con cualquier vestigio de autoritarismo.
Sabemos que el origen de muchos de nuestros males se encuentra en una excesiva concentración del poder. Concentración del poder que da lugar a decisiones equivocadas; al monopolio de iniciativas; a los abusos, a los excesos. Reformar el poder significa un presidencialismo sujeto estrictamente a los límites constitucionales de su origen republicano y democrático.
Reformar el poder significa fortalecer y respetar las atribuciones del Congreso Federal.
Reformar el poder significa hacer del sistema de impartición de justicia, una instancia independiente de la máxima respetabilidad y certidumbre entre las instituciones de la República.
Reformar el poder significa llevar el gobierno a las comunidades, a través de un nuevo federalismo. Significa también nuevos métodos de administración para que cada ciudadano obtenga respuestas eficientes y oportunas cuando requiere servicios, cuando plantea sus problemas, o cuando sueña con horizontes más cercanos a las manos de sus hijos.
Estos son mis compromisos con la reforma del poder. Es así como yo pienso que cada ciudadano tendrá más libertades, más garantías, para que sus intereses sean respetados; para gozar de seguridad y de una aplicación imparcial de la ley.
Los priístas creemos en el cambio con responsabilidad.
Por eso es que hemos hecho nuevas propuestas, que hemos asumido nuevas tareas. Por eso es que convocamos - antes que nadie - a un debate entre los candidatos a la Presidencia de la República.
Hemos alentado acuerdos entre partidos; hemos planteado revisar el listado electoral; hemos solicitado la participación de observadores en todo el proceso electoral y la integración de un sistema de resultados oportunos.
Por eso es que también hemos resuelto dar transparencia a todos nuestros gastos.
Estamos por elegir candidatos a diversos cargos de elección popular.
Amigas y amigos:
Tenemos que aprovechar este proceso para darle mayor fuerza a nuestra organización. Todos los priístas tenemos una tarea que cumplir, todos tenemos una responsabilidad que asumir.
No queremos candidatos que, al ser postulados, los primeros sorprendidos en conocer su supuesta militancia, seamos los propios priístas.
Asumimos todos estos compromisos de reforma republicana, de reforma democrática y federal; de reforma de los procedimientos y de su contexto; de reforma interna del PRI.
Y lo hacemos porque somos conscientes que la sociedad mexicana ha cambiado y que demanda en consecuencia un cambio en las prácticas políticas. El PRI participará con civilidad y con respeto a nuestro pluralismo en las elecciones del 21 de agosto.
Como candidato del PRI a la Presidencia de México reafirmo mi compromiso indeclinable con la transformación democrática de México.
Que se entienda bien: ese día sólo podrá haber un solo vencedor. Sólo es admisible el triunfo claro, inobjetable, del pueblo de México.
Y para que el pueblo de México triunfe el 21 de agosto, los partidos políticos - todos - tendremos que sujetarnos a la ley y sólo a ella, sin ventajas para nadie, sin prepotencias, sin abusos y sin arbitrariedades.
Por ello, congruente con mi exigencia de una elección democrática, aspiro a que el Congreso de la Unión decida las reformas electorales que procedan, siempre a partir de los consensos que los partidos hemos venido construyendo en el marco del Acuerdo por la Paz, la Justicia y la Democracia, firmado el 27 de enero.
Aspiro a que juntos ampliemos la autonomía y afiancemos la imparcialidad de nuestros organismos electorales, a fin de que la voluntad popular y sólo ella, determine los resultados de los comicios.
Confiabilidad, certeza, regularidad y limpieza electorales no pueden seguir siendo sólo aspiraciones, tienen que ser realidades que se impongan en las conciencias de los ciudadanos. De ahí nuestro compromiso con la participación de observadores en el proceso electoral.
La elección es de la sociedad y por tanto no puede ser un asunto cerrado. Su transparencia exige de la participación de observadores y no excluye que de ella pueda darse el más amplio testimonio, tanto por parte de nuestros ciudadanos como de visitantes internacionales. De ninguna manera tenemos por qué mirar con temor a quienes desean conocer la naturaleza de nuestros procesos democráticos.
Nuestras elecciones - y lo digo con pleno convencimiento - no tendrán vergüenzas qué ocultar.
El PRI estará al frente del avance democrático de México, asumiendo sus responsabilidades y respondiendo a las exigencias de la sociedad mexicana.
En estos meses de intensos recorridos por todo el país, de visita a muchas comunidades, de contacto y diálogo con mi Partido y con la ciudadanía entera, me he encontrado con el México de los justos reclamos, de los antiguos agravios y de las nuevas demandas; el México de las esperanzas, el que exige respuestas, el que ya no puede esperar.
Ese es el México que nos convoca hoy; ese es el México que convoca a mi conciencia; ese es el México al que habremos de darle seguridad, al que habremos de darle rumbo en la nueva etapa del cambio.
Yo veo un México de comunidades indígenas, que no pueden esperar más a las exigencias de justicia, de dignidad y de progreso; de comunidades indígenas que tienen la gran fortaleza de su cohesión, de su cultura y de que están dispuestas a creer, a participar, a construir nuevos horizontes.
Yo veo un México de campesinos que aún no tienen las respuestas que merecen. He visto un campo empobrecido, endeudado, pero también he visto un campo con capacidad de reaccionar, de rendir frutos si se establecen y se arraigan los incentivos adecuados.
Veo un cambio en el campo; un campo con una gran vocación productiva; un campo que está llamado a jugar un papel decisivo en la nueva etapa de progreso para nuestro país.
Yo veo un México de trabajadores que no encuentran los empleos ni los salarios que demandan; pero también veo un México de trabajadores que se han sumado decididamente al esfuerzo productivo, y a los que hay que responderles con puestos de trabajo, con adiestramiento, con capacitación y con mejores salarios.
Yo veo un México de jóvenes que enfrentan todos los días la difícil realidad de la falta de empleo, que no siempre tienen a su alcance las oportunidades de educación y de preparación. Jóvenes que muchas veces se ven orillados a la delincuencia, a la drogadicción; pero también veo jóvenes que cuando cuentan con los apoyos, que cuando cuentan con las oportunidades que demandan, participan con su energía de manera decisiva en el progreso de la Nación.
Yo veo un México de mujeres que aún no cuentan con las oportunidades que les pertenecen; mujeres con una gran capacidad, una gran capacidad para enriquecer nuestra vida económica, política y social. Mujeres en suma que reclaman una participación más plena, más justa, en el México de nuestros días.
Yo veo un México de empresarios, de la pequeña y la mediana empresa, a veces desalentados por el burocratismo, por el mar de trámites, por la discrecionalidad en las autoridades. Son gente creativa y entregada, dispuesta al trabajo, dispuesta a arriesgar, que quieren oportunidades y que demandan una economía que les ofrezca condiciones más favorables.
Yo veo un México de profesionistas que no encuentran los empleos que los ayuden a desarrollar sus aptitudes y sus destrezas.
Un México de maestras y de maestros, de universitarios, de investigadores, que piden reconocimiento a su vida profesional, que piden la elevación de sus ingresos y condiciones más favorables para el rendimiento de sus frutos académicos; técnicos que buscan las oportunidades para aportar su mejor esfuerzo.
Todos ellos son las mujeres y los hombres que mucho han contribuido a la construcción del país en que vivimos y a quienes habremos de responderles.
Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada, de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla. De mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales.
Veo a ciudadanos angustiados por la falta de seguridad, ciudadanos que merecen mejores servicios y gobiernos que les cumplan. Ciudadanos que aún no tienen fincada en el futuro la derrota; son ciudadanos que tienen esperanza y que están dispuestos a sumar su esfuerzo para alcanzar el progreso.
Yo veo un México convencido de que ésta es la hora de las respuestas; un México que exige soluciones. Los problemas que enfrentamos los podemos superar.
Yo me propongo encabezar un gobierno para responderle a todos los mexicanos. El cambio con rumbo y con responsabilidad no puede esperar.
Manifiesto mi más profundo compromiso con Chiapas. Por eso debemos escuchar todas las voces, no debemos admitir que nadie monopolice el sentimiento de los chiapanecos.
Expreso mi solidaridad a todos aquellos chiapanecos que aun no han dicho su verdad, a todos aquellos que tienen una voz que transmitir y a todos aquellos que tienen una palabra que expresar.
Debemos de asumir y debemos de decidir. Debemos de decidir si nos asumimos plenamente como una sociedad plural o si concesionamos sólo a algunos la interlocución de nuestros intereses.
Chiapas es un llamado a la conciencia de todos los mexicanos. Pero nuestra propuesta de cambio, no se limita a responderle solamente a Chiapas. Le queremos responder a todos los mexicanos, a los de todos los pueblos, a los de todos los barrios, a los de todas las comunidades.
Queremos cumplirle a los chiapanecos, pero también a los mexicanos de la Huasteca, a los de La Laguna, a los de la Montaña de Guerrero, a los de la Sierra Norte de Puebla, a los de Tepito o a los de las barrancas de Alvaro Obregón, aquí en el Distrito Federal; a los del puerto de Anapra, en Ciudad Juárez, Chihuahua; a los de la Colonia Insurgentes, en Guadalajara, Jalisco; o a los de San Bernabé, en Monterrey, Nuevo León.
Mi compromiso es con todos los mexicanos; mi compromiso es luchar contra la desigualdad y evitar crear nuevos privilegios de grupo o de región.
Los mexicanos ante el conflicto hemos ratificado nuestra unidad esencial bajo una bandera y nuestro ánimo de concordia.
Nuestras instituciones probaron su legitimidad y su eficacia. De la solución del conflicto, han salido fortalecidas.
Desde aquí manifiesto mi reconocimiento al Ejército Mexicano por su patriotismo, lealtad y entrega en la defensa del interés y la unidad nacionales.
Frente a Chiapas los priístas debemos de reflexionar. Como partido de la estabilidad y la justicia social, nos avergüenza advertir que no fuimos sensibles a los grandes reclamos de nuestras comunidades; que no estuvimos al lado de ellas en sus aspiraciones; que no estuvimos a la altura del compromiso que ellas esperaban de nosotros.
Tenemos que asumir esta autocrítica y tenemos que romper con las prácticas que nos hicieron una organización rígida. Tenemos que superar las actitudes que debilitan nuestra capacidad de innovación y de cambio.
Recuperemos nuestra iniciativa, recuperemos nuestra fuerza, para representar las mejores causas, para ofrecer los caminos de la paz, para responder ante las injusticias.
Recuperemos esos valores. Hagámoslo en esta campaña. Empecemos por afirmar nuestra identidad, nuestro orgullo militante y afirmemos nuestra independencia del Gobierno.
Es la hora de un nuevo impulso económico; es la hora de crecer sin perder la estabilidad financiera ni la estabilidad de precios. La economía, más allá de las metas técnicas, tiene que estar al servicio de los mexicanos.
Por eso, el nuevo crecimiento económico tiene que ser distribuido con mayor equidad, con empleos crecientes, con ingresos suficientes.
Que no nos quepa la menor duda: México cerrará este siglo con una economía mucho más fuerte. Existen las condiciones para hacerlo, la sociedad lo demanda.
La tarea del crecimiento con estabilidad será de todos los mexicanos.
Es la hora de la confianza para todos, la de traducir las buenas finanzas nacionales, en buenas finanzas familiares.
Es la hora de convertir la estabilidad económica en mejores ingresos para el obrero, en mejores ingresos para el campesino, para el ganadero o para el comerciante, para el empleado o para el oficinista, para el artesano o el profesionista, para el intelectual y para las maestras y los maestros de México.
Es la hora de los apoyos efectivos y del impulso al esfuerzo que realizan las mujeres y los hombres al frente de micro, pequeñas y medianas empresas. Que se les lleve a superar sus dificultades, que se les apoye a ampliar sus negocios con mejores tecnologías para que sean más competitivos en los mercados.
Es la hora del gran combate a la desigualdad, es la hora de la superación de la pobreza extrema, es la hora de la garantía para todos de educación, de salud, de vivienda digna. Esa es la reforma social de la que hablé en Huejutla.
Es la hora de hacer justicia a nuestros indígenas, de superar sus rezagos y sus carencias; de respetar su dignidad. Como lo dije en San Pablo Guelatao, Oaxaca: es la hora de celebrar un nuevo pacto del Estado mexicano con las comunidades indígenas.
Es la hora de nuevas oportunidades para el campo de México, como lo comprometí en Anenecuilco, Morelos. Es la hora de enfrentar con decisión y con firmeza la pobreza, y mejorar los niveles de vida de los campesinos.
Es la hora de que el Artículo 27 de la Constitución se exprese en bienestar, en justicia, en libertad para los hombres del campo. Y es la hora de acabar para siempre con todo vestigio de latifundio; es la hora de dar certidumbre al ejido, a las tierras comunales y a la pequeña propiedad.
Es la hora de impulsar la reforma agraria para nuestro tiempo. Es la hora de promover más y mejor inversión en el campo; de alentar de manera mejor y más eficaz, con libertad, la participación de los campesinos.
Es la hora de dar solución a los problemas de la cartera vencida en el campo, del crédito escaso y caro.
Es la hora de asociar los esfuerzos de los productores; es la hora de constituir más cajas de ahorro, más uniones de crédito y de poner en marcha nuevos mecanismos de comercialización.
Es la hora de las regiones de México, para aprovechar mejor los recursos, para aprovechar mejor la capacidad y el talento de cada una de las comunidades del país, de cada ciudad de nuestro país, de cada estado de la República.
Un desarrollo regional que abra las esperanzas de cada rincón de México, que canalice recursos para mantener la infraestructura carretera, ferroviaria, portuaria, hidráulica y energética.
Es la hora de superar la soberbia del centralismo, como lo dije en Jalisco; de apoyar decididamente al municipio. Es la hora de un nuevo Federalismo; es la hora de dotar de mayor poder político y financiero, a nuestros estados, como lo dije en Tabasco; es la hora de garantizar plenamente la conservación de nuestros recursos naturales, de nuestro medio ambiente, de nuestra ecología.
Es la hora de una educación nacionalista y de calidad; es la hora de una educación para la competencia; es la hora de nuestras escuelas, de nuestros tecnológicos; es la hora de la universidad pública en México; es la hora de la gran infraestructura para la capacitación de todos los mexicanos que quieran progresar.
La educación es nuestra más grande batalla para el futuro. A ella destinaremos mayores recursos.
Es la hora de reformar el poder, de construir un nuevo equilibrio en la vida de la República; es la hora del poder del ciudadano. Es la hora de la democracia en México; es la hora de hacer de la buena aplicación de la justicia el gran instrumento para combatir el cacicazgo, para combatir los templos de poder y el abandono de nuestras comunidades.
¡Es la hora de cerrarle el paso al influyentismo, a la corrupción y a la impunidad!
Es la hora de la Nación. Es la hora de ser fuertes todos haciendo fuerte a México. Es la hora de reafirmar valores que nos unen. Es la hora del cambio con rumbo seguro para garantizar paz y tranquilidad a nuestros hijos.
La única continuidad que propongo es la del cambio; la del cambio que conserve lo valioso. Queremos un cambio con responsabilidad en el que no se olvide ningún ámbito de la vida nacional; queremos un cambio democrático para una mejor economía, para un mayor desarrollo social. Y hoy existen las condiciones para lograrlo; la sociedad lo demanda.
Hoy queda claro que los cambios no pueden ser ni marginales ni aislados. La vía del cambio corre en igual sentido y en igual intensidad y urgencia por el campo de la política, por el campo de la economía y del bienestar social.
Con firmeza, convicción y plena confianza, declaro: ¡Quiero ser Presidente de México para encabezar esta nueva etapa de cambio en México!
Amigas y amigos; amigas y amigos:
Asumo el compromiso de una conducción política para la confianza; una conducción política responsable, para llevar a cabo los cambios que requerimos, para cerrarle el paso a toda intención desestabilizadora, de provocación, de crisis, de enfrentamiento.
Haremos de nuestra capacidad de cambio el mejor argumento para convocar a la confianza de los mexicanos, para garantizar la paz, para fortalecer nuestra unidad.
Somos una gran Nación porque nos hemos mantenido básicamente unidos, pero con respeto a la pluralidad.
Queremos un México unido, queremos un México fuerte, queremos un México soberano. Un México de libertades, un México con paz, porque son amplios los cauces de la democracia y de la justicia.
Hay sitio para todos en el México por el que luchamos afanosamente.
Soy un mexicano de raíces populares. Soy un mexicano que ha recorrido en muchas ocasiones nuestro país, que no cesa de maravillarse ante la gran variedad y riqueza humana de nuestra patria y que no cesa tampoco de advertir carencias y dolores.
Me apasiona convivir, compartir, escuchar y comprender al pueblo al que pertenezco. Aprendo diariamente de sus actitudes francas, de sus actitudes sencillas.
Reitero que provengo de una cultura del esfuerzo y no del privilegio. Como mis padres, como mis abuelos, soy un hombre de trabajo que confía más en los hechos que en las palabras. Pero por eso mismo, soy un hombre de palabra, un hombre de palabra que la empeño ahora mismo para comprometerme al cambio que he propuesto: un cambio con rumbo y con responsabilidad.
El gran reclamo de México es la democracia. El país quiere ejercerla a cabalidad. México exige, nosotros responderemos.
Como Candidato a la Presidencia de la República, estoy listo también.
Demos nuestro mayor esfuerzo en ésta elección.
Vamos a echarle ganas.
No hay que bajar la guardia.
Vamos por la victoria.
Ganémosla con México y ganémosla para México.
¡ Que viva el PRI !
¡ Que viva México !”

Quizá ese discurso solo hayan sido palabras, quizá de haber llegado Colosio a las elecciones y seguramente haber ganado la presidencia, al final nada hubiera cambiado, pero lo cierto es que como abogados tenemos un compromiso social, y consideramos que ese discurso debe convertirse en un ideario de lo que debería de ser la política del Gobierno mexicano, independientemente del partido político o la ideología que sigamos.

Sobre todo porque dicho discurso representaba una visión de un México con una política social muy importante, la cual tenía como ejes principales, al menos en el discurso, el desarrollo del país, basado en la tecnología y apoyo al campo mexicano, así como un combate a la pobreza y una visión integradora de todas las clases sociales, en particular de los grupos indígenas, así como un nuevo papel de las mujeres, sin dejar de lado que menciona la correcta aplicación de la justicia y se refiere a ésta última como “…el gran instrumento para combatir el cacicazgo, para combatir los templos de poder y el abandono de nuestras comunidades”.

Esa política social, en caso de haberse aplicado de forma adecuada y no con sesgos partidistas como aún en la actualidad se hace, nos podría llevar al establecimiento de lo que actualmente, sobre todo en Europa, encontramos como el moderno Estado Social de Derecho.

[1] Diccionario Planeta de la lengua española usual. Segunda Edición, Editorial Planeta, España, 1990, p. 989.
[2] MARTÍNEZ MORALES, Rafael. Derecho Administrativo, 2º Curso. Cuarta Edición, Editorial Oxford, México, 2007, p. 120.

domingo, 12 de abril de 2009

Reflexiones acerca del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

De conformidad con el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo, es decir, el Gobierno apegándose a los principios constitucionales, debe de trabajar y realizar sus funciones en nombre y representación del pueblo mexicano, de ahí que el Presidente de la República, sea designado como Primer Mandatario, lo que implica que es el principal sujeto que se encuentra obligado a acatar los mandatos de la sociedad y a desempeñarse a favor de la sociedad y el pueblo mexicano.

Pero dada la complejidad que implicaría que más de 100 millones de mexicanos nos pusiéramos de acuerdo sobre leyes, actos de gobierno, decisiones justas, etcétera, es que delegamos ese poder, y esa representación de nuestros intereses se encuentra en los Poderes de la Unión en términos del artículo 41 constitucional.

Poderes que de conformidad con el artículo 49 de la Constitución se constituyen en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Así, es que mediante dichos poderes que se realizan o llevan a cabo las funciones estatales, entre ellas por supuesto la legislativa, que es la encargada de crear las leyes por las cuales se va a regular la vida del hombre en sociedad.

Para realizar la función legislativa, el país cuenta con el Congreso de la Unión, el cual se compone principalmente de las Cámaras de Senadores y Diputados, así como de la Comisión Permanente y de la Auditoría Superior de la Federación.

La forma en la cual se lleva a cabo el proceso legislativo, se encuentra plasmada en los artículos 71 y 72 constitucionales, los cuales hacen que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en términos de las ideas postuladas por Hans Kelsen, sea considerada como la “ley de leyes” y por lo tanto es un elemento que viene a confirmar su carácter supremo.

Pero bajo la idea de que la soberanía radica en el pueblo y en consecuencia a través de cada uno de nosotros, consideramos que es necesario hacer algunos cambios en el proceso legislativo.

El artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la letra establece:

“Artículo 71.- El derecho de iniciar leyes o decretos compete:

I.- Al Presidente de la República;

II.- A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión; y

III.- A las Legislaturas de los Estados.”

De la simple lectura de ese precepto, se advierte que no se permite la presentación de iniciativas populares o ciudadanas, es decir, limita el ejercicio de la soberanía popular, y establece que el mismo deberá de hacerse únicamente por medio del Presidente, Diputados (Locales y Federales) y Senadores.

En ese sentido habrá que ver que en muchas ocasiones un ciudadano puede tener un conocimiento práctico de la ley o más bien de las actividades que se van a regular, por lo cual sus aportaciones y propuestas de reforma o de creación de leyes podrían resultar interesantes y adecuadas.

Pero dado el esquema constitucional actual, un ciudadano esta impedido a presentar una iniciativa de ley, motu proprio, debiendo en su caso hacerlo por medio de los servidores públicos a que se refiere el citado artículo 71 constitucional.

Esa situación no debería generar ningún problema, la cuestión más bien se debe a cuestiones políticas e indebidas de dichos representantes, ya que los mismos al llegar a su curul o escaño, olvidan que son representantes de todos los ciudadanos de su Distrito Electoral, Estado o Circunscripción Territorial, independientemente de la ideología o simpatía política que profesen, lo cual no acontece, por lo que tenemos que infinidad de proyectos o propuestas legislativas se pueden perder ya que nunca se materializan.

Además, debemos reconocer que nuestros representantes no son seres omnipotentes, ni con una sabiduría infinita, y en muchos casos ni siquiera cuentan con una formación académica adecuada, a pesar del carácter obligatorio de la educación que se establece en el artículo 3 de la propia Constitución; por lo cual su conocimiento puede ser deficiente y no el adecuado para regular o pretender reformar una ley, de ahí que cobre importancia la iniciativa ciudadana o popular.

Podemos considerar que debería incluirse dentro del texto del citado artículo 71, al Poder Judicial Federal, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o en su caso el Consejo de la Judicatura Federal, ya que dicho poder es que el resuelve las controversias que se suscitan por la aplicación de la ley, o en ocasiones por la falta de una ley clara y adecuada a las circunstancias, cuestión que si bien es cierto puede resolverse mediante la jurisprudencia o el otorgamiento del amparo, el beneficio no es general y por lo tanto se está generando una situación de desigualdad jurídica que violenta la idea en la cual se basa la garantía de igualdad, previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tampoco podemos considerar que la jurisprudencia sea un medio de solventar las lagunas jurídicas o de precisar la interpretación y alcances de la norma, por que la misma puede incurrir en contradicciones que a la larga deberán de ser zanjadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero que dado el procedimiento en ocasiones requiere de mucho tiempo para que se presente dicha controversia, o que ésta sea denunciada.

Aunado a lo anterior, a ese conocimiento técnico especializado que puede servir para mejorar una ley o aclara el sentido de la misma, debemos señalar con toda claridad que el hecho de que el Poder Judicial de la Federación presentara una iniciativa de ley, de ninguna forma vulneraría el principio de separación de poderes a que se refiere el artículo 49 Constitucional, ya que la simple iniciativa no se convierte por si misma en ley, ya que antes debe de cumplir con todas y cada una de las etapas del proceso legislativo, y en consecuencia pasar por un análisis serio, profundo y exhaustivo sobre la misma, que se realiza en el Congreso de la Unión, primero por comisiones y luego por las Cámaras, y aun aprobado el proyecto, el mismo deberá de ser aprobado por el Presidente, quien podría hacer uso del derecho de veto, para modificar un proyecto legislativo.

Una última reflexión acerca del proceso legislativo en México, y por lo tanto a los artículos constitucionales relacionados, es respecto al 72, toda vez que estimamos que en una democracia participativa, resulta necesario incluir la figura del referéndum, aunque dada la complejidad que implicaría su realización, y sobre todo dada la falta de participación ciudadana que estamos sufriendo en los últimos años, solamente debiera de introducirse respecto del procedimiento de reforma constitucional, a efecto de que sea el medio de fortalecer la aplicación de la idea del beneficio colectivo o general y de que la Constitución es el reflejo de los ideales de organización que rigen a una sociedad elegidos de forma soberana.

Acerca de la Responsabilidad Política de los Servidores Públicos

Respecto de la responsabilidad política en que pueden incurrir los servidores públicos en el desempeño de su encargo, debemos realizar algunas consideraciones, ya que esta forma tan importante de control constitucional y por supuesto de asegurar el cumplimiento de los límites para el ejercicio del poder público que establece la propia Constitución, pocas veces se utiliza, cuando a criterio del autor, debería de ser el instrumento más utilizado, sobre todo en una sociedad democrática, pero sobre todo participativa, a efecto de asegurar una función pública eficiente, así como la consolidación de un verdadero Estado de Derecho, así como una real y efectiva supremacía constitucional.

El primer dispositivo legal que encontramos relacionado con la responsabilidad política de los servidores públicos, es el artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual en su fracción I, establece lo siguiente:

“I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 110 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.

No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.”

De citado artículo se desprenden algunas cuestiones muy importantes respecto del Juicio político, en primer término que dicha figura no resulta aplicable a todos los servidores públicos, ya que las responsabilidades se determinan en el artículo 108, en tanto que este precepto, señala que el referido juicio solamente procederá en contra los que se hallan prescritos en el artículo 110.

En segundo lugar, podemos considerar que esta figura procederá en contra de los correspondientes servidores públicos por incurrir en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los interese públicos fundamentales, así como su buen despacho.

Es en esta parte del artículo en donde quizá encontramos los más importante, ya que de acuerdo con la Teoría del Estado, así como las diversas teorías que explican el origen del Estado y su finalidad, encontramos que concuerdan en el sentido de que el Estado surge como un medio de organización social, el más desarrollado, que permite al hombre sumar esfuerzos para lograr la satisfacción de sus necesidades, así como hacer frente a cuestiones respecto de las cuales su simple esfuerzo no bastaría para resolverlas.

Debemos recordar que el Estado, surge como resultado de la soberanía popular, en el sentido de haber expresado su voluntad, mediante un contrato social, mismo que consiste en adherirse a una sociedad a cambio de que esta les asegure el respecto de sus libertades y la protección de sus intereses.

Bajo esa tesitura, cuando un servidor público, de los previstos en el artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con su actuación u omisión afecte la satisfacción de las necesidades básicas de la sociedad deberá de responder mediante el juicio político.

En ese sentido podemos considerar como fines fundamentales del Estado o como intereses políticos fundamentales, en términos de lo previsto por el artículo 109 constitucional, los siguientes:

Respeto irrestricto de los derechos humanos, mediante la observancia de todas y cada una de las garantías individuales (artículo 1 constitucional);

Proteger y fomentar el desarrollo de los pueblos indígenas del país (artículo 2);

Garantizar el derecho a la educación (artículo 3);

Protección de la salud (artículo 4);

Protección y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales (artículo 27);

Respeto a la democracia, como ejercicio de la soberanía nacional (artículo 39);

Respeto a los derechos laborales, así como a condiciones de trabajo favorables (artículo 123); y

Un manejo adecuado de los recursos públicos, conforme a lo dispuesto en el artículo 134 constitucional.

A efecto de comprender mejor cuales deben ser los intereses políticos fundamentales, es decir, el lograr un beneficio colectivo, podemos estar a lo dispuesto por el Poder Judicial de la Federación, en el siguiente criterio jurisprudencial, que a la letra señala:

“SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. CONFORME A LA TEORÍA DE PONDERACIÓN DE PRINCIPIOS DEBE NEGARSE SI EL INTERÉS SOCIAL CONSTITUCIONALMENTE TUTELADO ES PREFERENTE AL DEL PARTICULAR. Cuando dos derechos fundamentales entran en colisión, se debe resolver el problema atendiendo a las características y naturaleza del caso concreto, conforme al criterio de proporcionalidad, ponderando los elementos o subprincipios siguientes: a) idoneidad, la cual es la legitimidad constitucional del principio adoptado como preferente, por resultar ser el adecuado para el logro de un fin constitucionalmente válido o apto para conseguir el objetivo pretendido; b) necesidad, consistente en que no exista otro medio menos limitativo para satisfacer el fin del interés público y que sacrifique, en menor medida, los principios constitucionales afectados por el uso de esos medios; o sea, que resulte imprescindible la restricción, porque no exista un medio menos oneroso, en términos del sacrificio de otros principios constitucionales, para alcanzar el fin deseado y que afecten en menor grado los derechos fundamentales de los implicados; y c) el mandato de proporcionalidad entre medios y fines implica que al elegir entre un perjuicio y un beneficio a favor de dos bienes tutelados, el principio satisfecho o que resulta privilegiado lo sea en mayor proporción que el sacrificado. Esto es que no se renuncie o sacrifiquen valores y principios con mayor peso o medida a aquel que se desea satisfacer. Así, el derecho o principio que debe prevalecer, en el caso, es aquel que optimice los intereses en conflicto y, por ende, privilegiándose el que resulte indispensable y que conlleve a un mayor beneficio o cause un menor daño. Consecuentemente, tratándose de la suspensión debe negarse dicha medida cautelar cuando el interés social constitucionalmente tutelado es preferente al del particular, ya que el derecho o principio a primar debe ser aquel que cause un menor daño y el que resulta indispensable privilegiarse, o sea, el que evidentemente conlleve a un mayor beneficio. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Incidente de suspensión (revisión) 141/2006. Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas. 4 de mayo de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Margarita Flores Rodríguez. Incidente de suspensión (revisión) 185/2006. Veteranos de Tigrillos, A.C. 17 de mayo de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Margarita Flores Rodríguez. (visible en No. Registro: 174,338, Tesis aislada, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIV, Agosto de 2006, Tesis: I.4o.A.70 K, Página: 2346)”

Del criterio antes transcrito podemos considerar que los principios fundamentales de la Constitución, serán aquellos que se encuentran encaminados a obtener un beneficio colectivo, siempre y cuando sea obtenido sin causar mayores perjuicios al particular y afectando al menor número de particulares.

Es de señalarse que entonces y a partir del criterio emitido por los Tribunales Federales, los intereses políticos fundamentales, serán aquellos que buscan beneficiar a la mayor parte del conglomerado social, permitiendo el adecuado ejercicio de la democracia y el cumplimiento de las decisiones políticas fundamentales del país.

A pesar de las consideraciones anteriores, el artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, establece un catálogo de conductas que se consideran perjudiciales para el interés público fundamental, las cuales son:

I.- El ataque a las instituciones democráticas;
II.- El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, federal;
III.- Las violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales;
IV.- El ataque a la libertad de sufragio;
V.- La usurpación de atribuciones;
VI.- cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la Federación, a uno o varios Estados de la misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones;
VII.- Las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción anterior;
VIII.- Las violaciones sistemáticas o graves de los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública Federal o del Distrito Federal y a las leyes que determinan el manejo de los recursos económicos federales y del Distrito Federal.

Es de señalarse que el encargado de valorar y determinar la gravedad de las conductas será el Congreso de la Unión.

El último párrafo del artículo 109 constitucional establece que el medio por el cual se dará inicio al Juicio Político es la denuncia ciudadana, la cual deberá de acompañarse con medios de prueba y presentarse ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Así entonces, podemos señalar que el juicio político es el medio para asegurar el cumplimiento de los fines del Estado, principalmente los de carácter político, entiendo por ello las decisiones fundamentales que se encuentran contenidas en la propia Constitución.

Continuando con el análisis de la responsabilidad política, el artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la letra señala:

“Artículo 110.- Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los magistrados y jueces de Distrito, los magistrado y jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero Presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedad y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.

Los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales superiores de Justicia Locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de la Judicaturas Locales, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones graves a la Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.

Las sanciones consistirán en destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.

Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta de los miembros presentes en sesión de aquella Cámara, después de haber substanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado.

Conociendo la acusación la Cámara de Senadores, erigida en Jurado de sentencia, aplicará la sanción correspondiente mediante resolución de dos terceras partes de los miembros presentes en sesión, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado.

Las declaraciones y resoluciones de las cámaras de Diputados y Senadores son inatacables.”


De dicho precepto podemos realizar las siguientes consideraciones.

Respecto del primer párrafo podemos señalar que precisa quienes serán los servidores públicos que podrán ser sujetos de Juicio Político, con todas las consecuencias legales, toda vez que en el párrafo segundo se establece que los servidores públicos de las entidades federativas podrán ser sujetos “parcialmente” de Juicio Político y sus efectos serán diferentes, ya que les corresponderá a los Congresos Locales pronunciarse en definitiva sobre la responsabilidad política de los mismos.

El párrafo tercero del artículo en estudio señala cual será la sanción que se impondrá al servidor público que sea considerado responsable de perjudicar los intereses públicos fundamentales así como violentar el buen despacho de los mismos.

Pero es de señalarse que de conformidad con lo establecido en el artículo 109 en su párrafo segundo, las sanciones por las responsabilidades de los servidores públicos serán autónomas, es decir, un servidor público, por la misma conducta podría ser sancionado penal, política y administrativamente, sin que se transgreda el principio de non bis ibidem¸ ya que la naturaleza de las sanciones es distinta.

Los párrafos cuarto y quinto, establecen de manera general lo relativo al procedimiento que deberá de seguirse para la determinación y en su caso la sanción en el supuesto de la responsabilidad política, que deberá complementarse en virtud de las disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la cual regula lo relativo al Juicio Político en los artículos que van del 5 al 24.

martes, 7 de abril de 2009

Acerca del Silencio Administrativo

De conformidad con el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y mediante una interpretación de dicho artículo, podemos establecer que dentro de las Garantías de Seguridad Jurídica, se encuentra el Derecho de Petición, es decir, la posibilidad de que los ciudadanos se dirijan a las autoridades, por escrito de manera pacífica y respetuosa, a efecto de solicitarles la prestación de algún servicio o la atención de alguna necesidad.

Pero de la segunda parte de dicho artículo, se desprende propiamente la garantía, ya que de acuerdo a algunas ideas postuladas por Hans Kelsen, todo derecho, o en este caso, garantía, tiene un aspecto primario, que es propiamente el derecho subjetivo, así como una garantía secundaria, la cual implica un deber que en caso de ser violentado, podrá ser sancionado.

Esa garantía secundaria, es el deber que tiene las autoridades no solamente de permitir que toda persona, presente sus solicitudes, o en términos constitucionales, sus peticiones por escrito, sino más bien de emitir una respuesta a dichas peticiones.

En ese sentido la emisión de la respuesta es la parte complementaria del Derecho de Petición, y al ser la obligación de la autoridad, la garantía establecida a favor del particular respecto al Derecho de Referencia; máxime si recordamos que las garantías son mecanismos jurídicos establecidos por el Estado para la protección de los Derechos del Hombre.

Dicha respuesta debe constitucionalmente, reunir ciertos requisitos, el primero es que la respuesta deberá de darse por escrito, ya que con ello se genera mayor certidumbre, toda vez que es más fácil comprender los alcances y el contenido de la respuesta, o en su caso, de la autorización o de la negativa.

El segundo requisito es que debe hacerse del conocimiento del particular en un breve término.

Para efectos de hacer del conocimiento del particular (el peticionario) la respuesta, el medio idóneo son las notificaciones, las cuales deberán de realizarse de manera genérica, al menos dentro de la Administración Pública Federal, de conformidad con lo establecido en los artículos 35 al 39 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, así como en su caso lo dispuesto por los artículos 303 al 321 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Es de señalarse que la definición de “breve término” se ha establecido de acuerdo a la jurisprudencia, como un lapso de tres meses, al menos para la materia administrativa, ya que en materia fiscal se han establecido cuatro meses. Situación que se refuerza en virtud de lo establecido por el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la cual establece que la autoridad deberá de resolver las peticiones que se le hagan en un término de tres meses.

Además, la respuesta deberá de ser emitida por autoridad competente, estar debidamente fundada y motiva, de acuerdo a lo señalado por las garantías de Seguridad Jurídica a que se refieren los artículos 14 párrafo segundo y 16 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Pero vamos a encontrar que en ocasiones la Autoridad no resuelve dentro del término legal, es más, ni siquiera emite una respuesta. Dicha inactividad procesal es lo que la doctrina ha denominado como el silencio Administrativo, el cual podemos definir como “la falta absoluta de acto, pues entendemos que la abstención de la Administración Pública, son su silencio, es la negación misma de la actuación o acto administrativo y, por lo tanto, afirmamos que el silencio administrativo es consecuencia de una abstención de la autoridad, a la que le ley le reconoce diversos efectos jurídicos”[1].

Pero debemos hacer la acotación pertinente de que el Silencio Administrativo no es un acto administrativo, es inactividad a la cual la ley le establece determinadas consecuencias jurídicas, mediante las cuales se puede considerar aprobaba la solicitud planteada, o en su caso desestimar las peticiones que se le hayan realizado a la Administración Pública.

Esta figura surge a efecto de evitar que el particular se encuentre en estado de indefensión e incertidumbre, ya que ante la falta de actividad por parte de la autoridad resultaba imperativo, establecer qué pasaría en esos casos de falta de respuesta.

De manera primigenia podemos considerar que el silencio Administrativo es violatorio de garantías, ya que contraviene el derecho de los gobernados de obtener respuesta, lo que podrá hacerse valer mediante el Juicio de Garantías o amparo, de conformidad con el sistema legal mexicano.

Pero además del carácter inconstitucional del silencio administrativo, podemos considerar que de acuerdo a las ideas señaladas con anterioridad y de acuerdo a las disposiciones legales, la falta de actividad de la autoridad administrativa podrá tener dos interpretaciones:

Por un lado el silencio administrativo, puede tener consecuencias favorables para el particular, es decir, la falta de respuesta oportuna implicara que la solicitud realizada se tenga por autorizada, por lo cual las consecuencias jurídicas serán favorables para el particular, constituyéndose de esa forma la Afirmativa Ficta. Pero cuando la consecuencia de la falta de actividad se le da el sentido nugatorio a la petición realizada, estamos en presencia de la negativa ficta.

A ambas determinaciones se les considera fictas, ya que como lo señalamos anteriormente, al no existir respuesta de la autoridad, a esa omisión se le da un sentido, y la consecuencia será que se obtenga una respuesta presuntiva y no expresa, de ahí que les recaiga el calificativo de fictas.

En México, de manera general a nivel federal, a la falta de actividad de la autoridad administrativa, se le reconoce por ley la consecuencia negativa, en términos de lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pero también encontramos algunos casos en los cuales la falta de respuesta tendrá una consecuencia positiva en beneficio del particular, la cual se establece en la ley o disposición correspondiente.

[1] ACOSTA ROMERO, Miguel et al. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo y Ley de procedimiento Administrativo del Distrito Federa. Comentadas. Doctrina, Legislación y Jurisprudencia. 5ª Edición, Editorial Porrúa, México, 2000. p. 49.

Acerca de las focas arpa

En días pasados comenzó en territorio canadiense, una actividad, que más que económica podemos calificar de ecocida.

Durante años se ha venido llevando a cabo no solamente por parte de Canadá, sino por parte de diversos países, la caza de focas, que si bien genera una importante actividad económica en el mundo, no por ello podríamos de considerarla como una actividad indispensable, siendo que por el contrario, los ejemplares de dicha especie, sí son indispensables para el mantenimiento del equilibrio ecológico.

El Derecho Ambiental, es una rama relativamente nueva, ya que su origen formal, lo podemos ubicar en el año de 1972, toda vez que mediante la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, se reconoció, que el medio más adecuado para combatir la pobreza era mediante el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Esa idea de aprovechamiento sustentable, cuyo trasfondo es netamente económico, implica la protección y el cuidado de los recursos naturales a efecto de utilizarlos y que al mismo tiempo estén disponibles para generaciones futuras. Bajo esa tesitura, el Derecho Ambiental, se ha venido desarrollando como un medio de control y de conciliación entre los intereses económicos de la comunidad mundial, con la protección de la Tierra, de sus recursos, pero también, con la salud y la propia existencia del hombre.

Es importante recordar que para que el hombre pueda existir y seguir desarrollándose requiere contar con un medio ambiente adecuado y propicio para ello, así como con los recursos naturales, que le permitan lograr su subsistencia, independientemente de la facultad que tiene el hombre para modificar el medio que lo rodea.

Para lograr esos intereses, la comunidad internacional ha desarrollado toda una serie de instrumentos y acuerdos para la protección del medio ambiente así como de los recursos naturales, los cuales podemos considerar son encabezados por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

Entre los múltiples instrumentos que se han generado, tiene un lugar especial la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, mejor conocida como la Cumbre de la Tierra, cuyos resultados fueron dados a conocer mediante la llamada Declaración de Río, en la cual se establecen compromisos internacionales a favor del medio ambiente, la conservación, así como el aprovechamiento racional y sustentable de los recurso naturales.

También destaca la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, conocida como CITES, la cual tiene como finalidad regular el comercio internacional de especies y ejemplares de flora y fauna silvestres, a fin de evitar su extinción. Como resultado de dicho instrumento, a las especies se les otorga un status de protección, a efecto de lograr su conservación. Desafortunadamente, cada país en ejercicio de su soberanía, determina cuales son las especies que podrán ser declaradas bajo protección especial, además de que en ocasiones los gobiernos pueden negarse a dar cumplimiento a acuerdos internacionales, como en el caso de Japón en la caza de ballenas y el único mecanismo de presión para un país en casos similares es el repudio de la comunidad internacional de Estados y su desprestigio a nivel mundial.

Si bien es cierto, no podemos dejar de apreciar la importancia de ciertas actividades económicas para el desarrollo de los países, también lo es que debemos cambiar las formas de producción, tal y como acontece en el caso de la focas arpa o groenlandesa (poca groenlandica). Cuya forma de caza es bastante irracional, a pesar de que en últimas fechas se han impuesto controles acerca del volumen de caza para proteger la existencia de la raza.

El presente post no es solamente una condena a los métodos de caza de las focas, el cual se considera inhumano o más bien inmisericorde, ya que hablamos que los afectados son animales; sino a la vez una invitación a la reflexión que gira en torno al Derecho Ambiental.

Podemos establecer argumentos en contra y a favor de la caza de las focas arpa, tantos como el tiempo y los conocimientos económicos, técnicos y hasta éticos lo permitieran, pero al final debemos reconocer que se trata de una actividad económica, por consiguiente de ella dependen industrias y personas, que tiene su sustento en dicha actividad. Y esa es precisamente la cuestión en que debemos centrarnos, ya que en la actualidad se han venido desarrollando otras actividades económicas que son menos nocivas para los recursos naturales, tales como el ecoturismo.

Por lo tanto el Derecho Ambiental, deberá de establecer los mecanismos necesarios regular la realización de ciertas actividades, pero ello de nada servirá sin la participación social, por lo tanto es el momento de hacer una revisión al interior de cada uno de nosotros y empezar a preguntarnos que tipo de hogar queremos, que tipo de salud esperamos para nosotros y para nuestros hijos, y no es cosa de pensar en el futuro, sino en el día de mañana, así de inmediato, es más, de pensar en el día de hoy, en la situación que guarda el planeta Tierra y en como la misma poco a poco empieza a afectar nuestra salud y por supuesto nuestra supervivencia como especie animal.

Debemos reflexionar acerca de nuestros hábitos, de nuestros patrones de consumo, de la importancia o no que deben tener los bienes que adquirimos cada día, si en verdad nos son indispensables o solamente son la falsa puerta de entrada al mundo de la moda, del respeto social o cualquier otra tontería, sin importar que para ello tengamos que poner en juego la vida de uno o varios, quizá miles de ejemplares de vida silvestre, ya sean animales o vegetales.

No solamente se trata de una cuestión legal, mucho menos en días actuales, en donde la impunidad y el incumplimiento a las normas más sencillas es la constante; en consecuencia, el Derecho Ambiental, no podrá lograr su objetivo de protección y preservación de los recursos si nosotros mismos no trabajamos en su respeto y cumplimiento.

Decálogo del Abogado

A lo largo de la Licenciatura, y mas aún, durante el ejercicio profesional de la Abogacía, escuchamos infinidad de veces frases relacionadas con el comportamiento adecuado que debemos tener en el desempeñó de tan noble profesión, toda vez que la abogacía implica tener un alto grado de ética y compromiso profesional, no sólo con el cliente o representado, sino con la sociedad en general.

Pero entre todas ellas destaca por supuesto un ideario profesional desarrollado por un jurista uruguayo, Eduardo Juan Couture Etcheverry (1904-1956), quien desarrolló el Decálogo del Abogado.

Diez principios, que de alguna forma deberíamos de considerar como los compromisos que debemos tener con nosotros mismos, con nuestra carrera, pero sobre todo, con la sociedad, la cual espera que aportemos lo mejor de nosotros cada día y logremos así que los ideales de justicia y libertad sean una realidad material, pero sobre todo, que sean generales y universales.

Esos diez principios, o más bien reglas de vida, son:

I. Estudia. El Derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos serás cada día un poco menos Abogado.
El Derecho, o más bien las normas jurídicas, sus principios e instituciones, son productos humanos, por lo tanto son perfectibles, deben además de ser cambiantes, adecuarse a las nuevas condiciones sociales que se vayan generando, ya que de no ser así, la norma dejaría de ser eficaz; por lo tanto es deber del abogado mantenerse actualizado, continuar preparándose día con día, y más en un país como el nuestro, en donde la carrera de Licenciado en Derecho es de las más saturadas.

Asimismo, podemos señalar que la finalidad de estudiar es estar lo mejor preparados para la defensa de los intereses que nos son conferidos, no podemos hacer una defensa adecuada si no conocemos los medios para defender los derechos de los demás; peor aún, si no conocemos los derechos y las obligaciones que nos corresponden.

Por último, basta recordar que de acuerdo con el Código Penal Federal, el artículo 231 fracción I, considera delito alegar con una ley inexistente o derogada, lo cual solamente es resultado de la falta de actualización.

Lo anterior nos lleva a reflexionar acerca de la información que se puede obtener por Internet, ya que en mi experiencia como docente muchas veces me he encontrado con trabajos que se refieren a leyes de otros países, siendo responsabilidad del abogado confirmar la veracidad de su dicho.

II. Piensa, El Derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando.
Si bien es cierto que para ejercer la carrera de licenciado en Derecho, es necesario conocer una serie compleja de disposiciones jurídicas, ello no implica que debamos aprender de memoria su contenido, es mucho más importante comprender y entender cuando y por que se aplican dichas figuras, así como las obligaciones y derechos que nos conceden, y en consecuencia por el ejercicio diario y su utilización repetitiva al final las aprenderemos de memoria, pero es mucho más importante pensar y analizar la ley, comprender su sentido, no solamente su contenido en sentido estricto.
III. Trabaja. La Abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de la Justicia.
Para lograr el éxito no hay formulas mágicas, solamente el trabajo y la constancia nos permitirán lograr que nos desarrollemos de forma exitosa.

Si bien la suerte pudiera favorecernos en ciertas ocasiones, para llegar o estar en un puesto determinado, será nuestro trabajo diario lo que hará la diferencia, entre nuestro trabajo y el de los demás. Pero además en el caso de los abogados, debemos de trabajar teniendo como objetivo la justicia, para poder restablecer el Estado de Derecho.
IV. Lucha. Tu deber es luchar por el Derecho, pero el día que encuentres en conflicto el Derecho con la Justicia, lucha por la Justicia.
Nunca debemos olvidar que nuestro compromiso es con la justicia, y que no siempre la ley será justa; es entonces cuando haremos valer nuestro conocimiento y nuestros razonamientos deberán de llevarnos a procurar la justicia, el bienestar colectivo.

Toda norma debe de fundarse en la justicia, en la libertad y la igualdad, tan es así, que dentro de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 14, párrafo final, nos permite hacer una interpretación de la ley, así como de las lagunas o deficiencias que ésta tenga mediante la aplicación de los Principios Generales del Derecho.
V. Sé leal. Leal para con tu cliente, al que no puedes abandonar hasta que comprendas que es indigno de ti. Leal para con el adversario, aun cuando el sea desleal contigo, Leal para con el Juez que ignora los hechos, y debe confiar en lo que tu le dices; y que, en cuanto al Derecho, alguna que otra vez debe confiar en el que tú le invocas.
En el desempeño de la actividad profesional, debemos recordar que nos rige el secreto profesional, por lo tanto, la información que obtengamos con motivo de nuestra actividad, solamente debemos ocuparla para el desempeño de nuestra labor.

Pero además, la lealtad la debemos entender también como un principio ético, que nos obliga a mantenernos en nuestra posición, pero sobre todo a conducirnos con la verdad.
VI. Tolera. Tolera la verdad ajena en la misma medida en que quieres que sea tolerada la tuya.
Una de las cuestiones fundamentales en las relaciones humanas es el respeto, no podemos exigir que alguien respete nuestros derechos o nuestras opiniones, si nosotros nos mostramos intolerantes.

Debemos estar abiertos a nuevas y diferentes formas de ver las cosas, no debemos olvidar que las normas jurídicas pueden ser interpretadas y ello hace que la visión y alcance que se tenga de las mismas sea diferente.

Pero esa diferencia en las formas de pensar, es precisamente lo que hace que la propia democracia funcione y permite además la cohesión de los grupos sociales.
VII. Ten paciencia. El tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración.
A pesar de que a veces no es fácil seguir este principio, no debemos olvidar que la mayoría de las cosas tienen un tiempo y un momento en el cual van a suceder, y que muchas veces el apresurar los acontecimientos no nos permite estar preparados adecuadamente para afrontarlos.

Asimismo, en materia lega no debemos olvidar que los tiempos son precisos y los plazos y términos son fatales, ya que por el simple paso del tiempo podemos perder un derecho o un bien, lo que nos obliga a estar al pendiente y ser sigilosos con nuestro trabajo.
VIII. Ten fe. Ten fe en el Derecho, como el mejor instrumento para la convivencia humana; en la Justicia, como destino normal del Derecho, en la Paz como substitutivo bondadoso de la Justicia; y sobre todo, ten fe en la Libertad, sin la cual no hay Derecho, ni Justicia, ni Paz.

Uno de los problemas actuales, es el relacionado con la Cultura de la Legalidad, pero debemos de estar consientes que la mejor forma de resolver los conflictos y asegurar el respeto a nuestros derechos será siempre por el camino de la Ley.

Desafortunadamente la aplicación de la Ley, no siempre estará encomendada a los más capaces o a los mejores, pero a pesar de ello, no podemos permitir que nuestras pasiones guíen nuestros actos, debe ser la Ley la que regule nuestras actividades diarias, pero recordando que la ley si bien nos protege y reconoce derechos universales, también nos obliga a respetar los derechos de otras personas; cobrando importancia por lo tanto el principio que nos habla de la tolerancia, ya que las relaciones humanas son una constante bilateral de reconocimientos.
IX. Olvida. La Abogacía es una lucha de pasiones. Si en cada batalla fueras llenando tu alma de rencor llegaría un día en que la vida sería imposible para ti. Concluido el combate, olvida tan pronto tu victoria como tu derrota.

Toda vez que el ejercicio diario de nuestra profesión esta encaminado principalmente a resolver controversias y representar intereses que no son propiosw, a veces podemos llegar a tomar una posición personal en algún asunto, dejándonos llevar por nuestras propias pasiones y defectos, cuando nuestro papel, si bien es cierto nos exige lealtad con nuestro representado, lo cierto es que no nos obliga a tomas cuestiones profesionales como personales.

Asimismo, debemos de mantenernos humildes, no vanagloriarnos de nuestras victorias, pero tampoco dejar pasar por alto los errores, toda vez que debemos aprender de ellos.
X. Ama tu profesión. Trata de considerar la Abogacía de tal manera que el día que tu hijo te pida consejo sobre su destino, consideres un honor para ti proponerle que sea Abogado.

Muchas veces quienes estudiamos la Licenciatura en Derecho, llegamos a ella por muchas razones, algunas de ellas -la mayoría- económicas, pero una vez que hemos decidido dedicarnos a su ejercicio de forma profesional, debemos aprender a querer esta profesión , la cual nos podrá enseñar muchas cosas acerca de la naturaleza humana, de lo bueno y lo malo, pero sobre todo debemos respetarla y estar orgullosos de la misma, así como en ocasiones aprender a burlarnos de nosotros mismos.

El ejercicio de la Abogacía debe ser un orgullo, ya que somos los guardianes de los valores supremos que mantienen unida a una sociedad, somos los encargados de ayudar a la resolución de controversias.